La problemática asociada al despliegue de red móvil en general y a la ubicación y funcionamiento de antenas de telefonía móvil en particular, constituye actualmente un motivo de preocupación creciente para los diversos agentes implicados (sector, gobierno, regulador, administraciones locales y población).

En el presente artículo se hará un breve repaso sobre los motivos principales y las negativas repercusiones que genera esta conflictiva situación, para finalmente describir una propuesta de solución para la región latinoamericana, basada en las mejores prácticas a nivel mundial.

El objetivo es concienciar a las diversas partes involucradas (especialmente a las distintas autoridades de Latinoamérica) sobre la necesidad de poner en marcha nuevas iniciativas de diálogo y cooperación conducentes a mejorar una situación que, de lo contrario, será cada vez más difícil de manejar (tal y como ha ocurrido, por ejemplo en Europa en los últimos años)

Entre las causas más comunes que han generado la problemática existente, podemos apuntar las siguientes:

·      Alarma social: es el resultado de una secuencia de hechos. El propio crecimiento explosivo del mercado ha conducido a un aumento significativo del número de  antenas necesarias para cubrir la demanda de servicios móviles. Su impacto visual y sobre todo, la falta de información de la ciudadanía sobre el funcionamiento y características de las emisiones de las antenas (totalmente inocuas según  muestra la evidencia de los miles de estudios científicos realizados hasta el momento) provoca incertidumbre y alarma social

·      Conflictos derivados de la dispersión de competencias, falta de uniformidad y estabilidad normativa. Estos aspectos se concretan en: 

• Conflictos de competencia entre autoridades centrales (Gobierno) y Administraciones territoriales, relativos a límites de emisión, uso y calificación de suelos, urbanismo, disparidad de aplicación de tasas locales etc.)

• Múltiples normativas sometidas a constantes cambios y proliferación de nuevas ordenanzas municipales (procedimientos y requisitos para la concesión de  autorizaciones, limitación de alturas y distancias, mecanismos de supervisión, control y monitorización, nuevos estudios de impacto medio ambiental…)

• Dispersión de competencias entre autoridades centrales de planeación, salud, medio ambiente, telecomunicaciones, aeronáutica y seguridad nacional, lo que genera una fuerte burocracia legislativa y administrativa

Es evidente, por otra parte, que dicha problemática tiene un impacto directo y muy significativo sobre la sociedad y el desarrollo de la economía[1] de los países de Latinoamérica. Algunas de las consecuencias que podemos citar son:

• La falta de información de la población genera desconfianza en el progreso tecnológico: aparecen “héroes”  políticos  y grupos de interés  que supuestamente  “protegen y defienden” a  la sociedad de un riesgo inexistente

• La alarma social supone un fuerte obstáculo para el emplazamiento de nuevos sites y provoca en ocasiones una depreciación del valor de los inmuebles que en nada favorece a la población

• Se produce un importante incremento del coste para los operadores (alargamiento excesivo de los plazos de obtención de licencias y permisos, desmantelamientos, reubicaciones). En el caso de Alemania por ejemplo, dicho coste está valorado en 2.500 millones de dólares anuales[2]

•  Se genera una gran inseguridad jurídica, ante la falta de un único organismo (interlocutor) competente en la materia al que acudir en caso de conflicto

• El grado de calidad del servicio se ve negativamente afectado y, lo que es más grave, se compromete el desarrollo de los proyectos de acceso universal  y la Sociedad de la Información ante la imposibilidad de aumentar la cobertura

• Como colofón, a nivel regional, se producen desequilibrios territoriales, disminución de la competitividad y un retraso tecnológico frente a otras regiones del mundo en las que la situación es claramente mucho menos conflictiva (Asia)

Habida cuenta de los aspectos analizados hasta el momento, se hace patente la necesidad de articular mecanismos que permitan resolver estos conflictos de forma consensuada y razonable.

Una de las propuestas que más aceptación está teniendo, debido al éxito que poco a poco está cosechando en diversos países (por ejemplo España) consiste en la elaboración y el compromiso de cumplimiento tanto por parte de los operadores como de las distintas autoridades de un Código de Buenas Prácticas para el despliegue de red.

Dicho código surge precisamente ante la necesidad de alcanzar acuerdos que posibiliten el establecimiento consensuado de criterios técnicos, medioambientales, urbanísticos y normativos para favorecer el desarrollo ordenado de la red de telefonía móvil.

En él se recogen, a modo de guía de actuación, las pautas y principios básicos que van a facilitar, por un lado, la resolución de conflictos existentes y, por otro, la no aparición de nuevos focos de conflictividad, centrando la atención en temas tales como la definición de un procedimiento único de instalación, la compartición de infraestructuras, la integración de las antenas en el entorno, el control de emisiones, los canales de comunicación puestos a disposición de la  población o la puesta en conocimiento a los municipios de los planes de despliegue de los operadores.

No obstante, el hecho de compartir un código de buenas prácticas al que, en aras de obtener resultados satisfactorios, deben adscribirse todos los operadores móviles (representados normalmente por una Cámara Sectorial), los municipios y el gobierno, no es de por sí una garantía de éxito.

Para que los principios que se recogen en dicho documento sean realmente aplicados, es imprescindible la creación de un Comité de Cooperación y Seguimiento en el que estén representados todos los agentes, que haya sido constituido de forma oficial por el Gobierno. Dicho Comité debe servir como marco de diálogo y entendimiento para proponer a un órgano ejecutivo encargado de tomar las decisiones oportunas, el abanico de opciones propuesto para solucionar los diversos conflictos presentes en cada momento.

El Comité de Cooperación y Seguimiento tomaría el Código de Buenas Prácticas como guía de directrices generales a las que ceñirse y tendría atribuciones fundamentalmente en las siguientes áreas:

• Delimitación de competencias

• Armonización de normativas a nivel nacional

• Comunicación Institucional por parte de las Autoridades y gestión del riesgo en situaciones de alarma social (conforme a las pautas indicadas por la OMS, por ejemplo)

Es finalmente conveniente que dicho Comité cuente además con el asesoramiento en materia de salud de un Comité Científico formado por instituciones y/o expertos independientes de reconocido prestigio que, siguiendo siempre las líneas marcadas por la evidencia científica contrastable, ayude al Comité de Seguimiento a definir el contenido de los necesarios planes de comunicación ciudadana.

Como última consideración, cabe recalcar la importancia de actuar lo antes posible para estructurar mecanismos de cooperación similares al descrito: la experiencia muestra que la pasividad en el tiempo, es decir, la falta de iniciativas de este tipo o el retraso en la puesta en marcha de las mismas, termina por generar conflictos más complicados de resolver.

David Gómez Campal
Gerente de Estrategia Regulatoria
Telefónica Móviles Corporación España