En esta llamada la Era de la Información, la
población se hace cada día más dependiente del acceso a las
comunicaciones. Ya un volumen enorme de actividades económicas tiene
lugar en la red mundial de telecomunicaciones, por lo que se hace
necesario considerar y velar el aspecto de la accesibilidad que tienen
aquellas personas con discapacidades y sus posibilidades en las
sociedades informatizadas, a manera de evitar una manifestación más de
la denominada brecha digital.
En República Dominicana se busca hacer realidad la
oportunidad digital para el ciudadano con discapacidades. En este
sentido, las iniciativas en marcha buscan que, como parte de los
ideales de la inclusión social, los adelantos en las tecnologías de la
información y comunicación sirvan para la promoción de la igualdad,
permitiendo el acceso a un mundo digital libre de barreras y
facilitando el desarrollo y la comunicación del ciudadano con
discapacidades. En este sentido, la implementación y el acceso a las
tecnologías que permitan el libre y democrático ejercicio del derecho
a la información, la educación y el trabajo, son necesarios para hacer
realidad la inclusión social, la equiparación de oportunidades y el
ejercicio democrático del derecho fundamental del ciudadano con
discapacidades.
Conceptualización de la Discapacidad
Se han propuesto diversos modelos conceptuales para
definir la discapacidad, las cuales podrían ser expresadas en una
dialéctica de modelo médico versus modelo social. El modelo médico
define la discapacidad como un problema de la persona directamente
causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere
del cuidado médico en forma de tratamiento individual encaminado a la
cura y cambio de conducta del individuo.[1]
En este contexto la respuesta sería reformar la política de atención a
la salud.
El modelo social considera la discapacidad como un
problema de origen social y como un asunto centrado en la completa
integración de la persona en la sociedad. La discapacidad no es un
atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones,
muchas de las cuales son creadas por el entorno social. Por lo tanto,
el abordaje del problema requiere la actuación social y es
responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones
ambientales necesarias para la plena participación de las personas con
discapacidad con igualdad de oportunidades en todas las áreas de la
vida social.
Las Normas Uniformes de Naciones Unidas sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad plantean
el principio de que todos los ciudadanos poseen igual dignidad y, en
consecuencia, son titulares de los mismos derechos, por lo que es
responsabilidad del Estado y la sociedad garantizar que los recursos
sean distribuidos de manera equitativa. Estas normas se basan además
en la concepción de minusvalía creada por el entorno, lo que implica
que una minusvalía puede ser originada por la interacción de las
personas con discapacidad y sus entornos. Las causas pueden ser
deficiencias causadas por el entorno físico o la brecha existente
entre el servicio que ofrece la sociedad y las necesidades reales de
las personas con discapacidad. [2]
En todas las sociedades del mundo existen aún
obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus
derechos y libertades y dificultan su plena participación en las
actividades de sus respectivas sociedades, siendo responsabilidad del
Estado adoptar las medidas necesarias para eliminar dichos obstáculos.
La forma de pensar ha evolucionado de una visión de
la persona con discapacidad como “el problema”, hacia una que reconoce
que la gente con discapacidad también tienen habilidades y, en
consecuencia, tienen los mismos derechos de participar plenamente en
la sociedad en igualdad de oportunidades viendo el logro de igualdad
de oportunidades como el proceso mediante el cual los diversos
sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las
actividades, la información y la documentación se ponen a disposición
de todos y todas, especialmente de las personas con discapacidad.
Según datos de la OMS, alrededor de 600 millones de
personas, 7-10% de la población mundial, viven con discapacidad, 80%
de las cuales habitan en países en vía de desarrollo. En la República
Dominicana, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de
Población realizado en el 2002, se estima que 5% de la población vive
con algún tipo de discapacidad, de los cuales 56,000 (14%) son niños y
adolescentes de 5 a 19 años. [3] El 14% de
estas personas presentan discapacidad visual y un 11% discapacidad
auditiva; 24% discapacidad físico motora y un 11% discapacidad mental
y el 39.5% otras discapacidades.
Marco legal y normativo para el acceso a la
información de las Personas con Discapacidad: Ley 42-2000
En la década de los 90 fue promulgada la Ley 21-91
que creó el Consejo Nacional para la Prevención, Rehabilitación y
Educación de las Personas con Minusvalías, CONAPREM. Por ser una ley
poco abarcadora, después de amplios análisis y discusión con todos los
sectores (gobierno, instituciones de personas con discapacidad, y de
servicios al sector de la discapacidad), se trabajó en la formulación
de un nuevo instrumento legal con una visión más amplia y actualizada.
De ahí surge la Ley 42-2000 que crea el Consejo Nacional de
Discapacidad.
El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS),
organismo rector encargado de la formulación de políticas para la
protección de los derechos de las personas con discapacidad y mejoría
de su calidad de vida, tiene entre sus objetivos facilitar el acceso a
la información y la comunicación por parte de las personas con
discapacidad, a saber:
-
Promover y difundir el concepto de un país sin
barreras en la comunicación y la información.
-
Sensibilizar a la población general y a los
medios de comunicación radial, escrito, televisivo y de
telecomunicaciones para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a la comunicación y la información.
-
Promover el concepto de diseño universal en la
expansión e implementación de Tecnologías de Información y
Comunicación que permitan el acceso de las personas con
discapacidad.
Iniciativas Institucionales
Como forma de garantizar progresivamente la
accesibilidad a la información de todas las personas, instituciones de
diferentes sectores experimentan hoy adelantos tecnológicos que
facilitan la comunicación; entre ellas está la Fundación Dominicana de
Ciegos (FUDCI) que dispone de una imprenta Braille en la cual se han
impreso libros de texto de educación básica establecidos por la
Secretaría de Estado de Educación. De igual modo se han traducido
obras literarias y textos legislativos de gran importancia para las
personas con discapacidad, como la Ley 87-01. Así mismo la FUDCI
desarrolla una iniciativa “Libro Hablado”, a través de la cual se
realizan las grabaciones en cintas de distintos tipos de publicaciones
educativas y de uso general. La institución posee además un
laboratorio de informática con computadoras adaptadas a personas con
discapacidad visual, utilizando el sistema Jaws, para la capacitación
de personas con discapacidad visual.
El Instituto de Ayuda al Sordo dispone de audífonos
análogos y digitales programables, con un sistema de FM con equipos de
amplificación individual, que ofrecen la ventaja de anular los ruidos
de fondo y la reverberación, así como de mantener el nivel de
amplificación necesario para facilitarle el escucha a cada persona,
sin importar la distancia a que se encuentre de la fuente sonora.
Dicho instituto también lleva a cabo el Proyecto ALFA-TEC
(Alfabetización Tecnológica) mediante el cual se busca extender el uso
apropiado de las tecnologías de la información a un mayor número de
usuarios sordos del Distrito Nacional y de la Provincia Santo Domingo.
Otras instituciones como la Organización Nacional
de Ciegos y el Centro Nacional de Recursos Educativos para la
Discapacidad Visual Olga Estrella poseen tecnologías adaptadas
particularmente a los tipos de discapacidad visual.
También, a través de instituciones no
gubernamentales que trabajan con personas con discapacidad auditiva,
se desarrollará un proyecto de Socialización de la Comunicación, que
tiene como fin contribuir a la creación de una sociedad más
equilibrada socialmente y con mejores oportunidades para elevar la
productividad, eficiencia y el desarrollo de las personas con
discapacidades y su entorno.
Finalmente, a través de las iniciativas de la
Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento
(CNSIC), entidad que lucha por la inclusión social, se están
realizando iniciativas para el intercambio de tecnología para la
asistencia a las personas con discapacidades, incluyendo, pero no
limitándose a, el mouse (ratón) ocular para personas con discapacidad
físico-motora y software para la interpretación del lenguaje de señas,
que con la ayuda de una computadora las convierte en texto y voz,
poniendo así las TIC al servicio de las personas con discapacidad
auditiva y dificultades para el habla.
Lic. Rosa Peña Paula
Directora Ejecutiva
Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS
NOTAS:
[1]: Organización Mundial de la
Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud. 2001.
[2]: Naciones Unidas. Normas
Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades de las Personas con
discapacidad.
[3]: Datos suministrados por la
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), a partir de las bases de datos
del Censo Nacional del 2002.